Más información
Ni siquiera el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha podido doblegar el obstruccionismo del Partido Popular ante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras haber mantenido inquietantes equilibrios durante meses. De hecho, no pueden ni siquiera las cuatro organizaciones en que se agrupan los jueces en España (tres de ellas conservadoras y una progresista). La cita con Reynders se produjo a iniciativa de Juezas y Jueces para la Democracia y después se sumaron las otras tres organizaciones (recibidas por Reynders en un segundo encuentro el mismo lunes por la tarde).
El viaje a Bruselas para requerir la intervención del comisario europeo ha sido de momento infructuoso, a la vista de la iniciativa que ayer martes mantuvo el PP en el Congreso de los Diputados. La argucia de presentar una propuesta de ley que pide la reforma de la ley orgánica para que sean los jueces quienes elijan directamente a 12 de los vocales del CGPJ (los ocho restantes deben ser elegidos por las Cortes) parece perseguir sobre todo una nueva dilación temporal antes que el cumplimiento de una exigencia constitucional y políticamente perentoria. Esa estrategia pasa por exigir primero la reforma de la ley y transigir después con la renovación (pero con la ley vigente).
Difícilmente podrá lograrse por ese procedimiento una renovación “inmediata” del CGPJ, como recomendó el lunes Reynders. La evidente voluntad de prolongar el proceso no viste de excesiva respetabilidad una propuesta que mantendría todavía las cosas como están durante mucho tiempo. La fórmula un tanto ajada de apelar al populismo de la opinión de la mayoría social para avalar que sean los jueces quienes escojan a los jueces se contradice con la práctica que inspira de forma mayoritaria a los países europeos que disponen de un órgano de gobierno de la judicatura semejante al nuestro.
Tantas excusas y requiebros por parte del PP para mantener el actual reparto de mayorías en el CGPJ no hacen más que alimentar hipótesis indeseables sobre la verdadera intención de esas maniobras. La no renovación del órgano perpetúa de forma disfuncional, no solo en el CGPJ sino en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, una distribución de mayorías que alejan sensiblemente a esas instituciones de las actuales mayorías reflejadas en la composición del Parlamento. Los tres órganos responden, todavía hoy, a la mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en 2011. Desde entonces han pasado ya 10 años, incluidos los casi tres en que sigue en funciones un órgano vital para restituir la maltrecha credibilidad del poder judicial. Sigue sin haber noticias tampoco de posibles dimisionarios, entre vocales del CGPJ, que forzasen por la vía de la ejemplaridad la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La llamada de atención del comisario Reynders ha sido tergiversada en su sentido más obvio por el PP, haciéndole avalar un enroque táctico y democráticamente injustificable. Sí hay argumentos para proponer una reforma de la ley para elegir a los jueces, pero la renovación “inmediata” del Consejo General del Poder Judicial se compadece mal con promover ahora una de las reformas posibles mientras siguen en sus sillones quienes con su pasividad malogran la dignidad democrática de tan elevada institución.
Source link