Estamos viviendo un enfrentamiento entre la especie humana y el medio ambiente. Una desconexión entre las decisiones económicas y sus impactos sociales y ambientales y la constatación de que las acciones para mitigar el cambio climático no se enfocan en el bienestar de las personas y la preservación de los ecosistemas, sino que replican viejas estrategias que buscan el lucro y no atajan las desigualdades. Sin embargo, tenemos que tener claro que los seres humanos y la naturaleza somos parte de un mismo ecosistema y actuar en consecuencia.
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Para resolver esta desconexión, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad propone el paradigma del Derecho a la Ciudad, un derecho humano colectivo que conecta los derechos humanos con el territorio, que reconoce y fortalece los vínculos urbano-rurales, con especial atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad. El objetivo es lograr un nivel de vida adecuado para todas y todos mientras se preserva el medio ambiente. Este está alineado con las nociones de justicia climática y ambiental y es un marco de referencia que ya está orientando la acción climática colectiva y equitativa.
Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, ha coincidido con el decenio de Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, que tiene por objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y océanos; para ayudar a erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir extinciones masivas.
Desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se celebra esta iniciativa pero se urge a ir más allá. Es fundamental detener las causas de la degradación de los ecosistemas. Hay que cambiar de forma radical cómo nos relacionamos, producimos y consumimos en nuestras sociedades. Como ya advirtió el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su informe especial sobre el calentamiento global y el cambio climático: “sin cambios estructurales, los objetivos de la Agenda 2030, incluyendo la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la preservación de nuestro planeta, la realización de los derechos humanos para todas las personas y la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, no será posible”.
Sin cambios estructurales, los objetivos de la Agenda 2030, incluyendo la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones […] y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, no será posible
Para ello los miembros y aliados de la PGDC —organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales, académicos, redes internacionales, defensores de derechos humanos, ONGs, etc— han elaborado el documento temático: Derecho a la Ciudad: la hoja de ruta hacia la Justicia Climática, fruto de un proceso de aprendizaje colectivo que busca guiar la acción climática colectiva con justicia social. En él se recogen puntos clave para construir una hoja de ruta basada en derechos, buenas prácticas de organizaciones locales que ya están ayudando a mitigar el cambio climático, además de proponer una serie de recomendaciones.
Un punto central es conectar la realización de los derechos humanos con las dinámicas territoriales. Es fundamental buscar modelos económicos y productivos que no solamente sean más sostenibles en su impacto ambiental, sino que también contribuyan a disminuir las desigualdades económicas y sociales. Un ejemplo es la Alianza Mundial de Recicladores, creada en más de 30 países del sur global con el apoyo y la coordinación de WIEGO. Esta alianza tiene el fin de promover y fortalecer su inclusión social y económica y priorizar en los sistemas formales de gestión de residuos. El trabajo de los recicladores contribuye a la conservación del planeta al realizar el máximo aprovechamiento de los residuos.
Otro punto clave es la mirada integral del derecho a la ciudad, que reconoce y fortalece los vínculos urbano-rurales, fundamentales en temas como la preservación de ecosistemas y la soberanía alimentaria
Otro punto clave es la mirada integral del Derecho a la Ciudad, que reconoce y fortalece los vínculos urbano-rurales, fundamentales en temas como la preservación de ecosistemas y la soberanía alimentaria. Como ejemplo, en China y otros países del mundo, están prosperando los grupos de agricultura de apoyo comunitario (CSA por sus siglas en inglés), con apoyo de organizaciones como la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (Ripess). Hay más de 800 iniciativas que proporcionan alimentos saludables a más de 100.000 consumidores. Es un ejemplo exitoso de sistema alternativo de distribución de alimentos, que proporciona ingresos reales a los productores y alimentos saludables asequibles a los consumidores.
Finalmente, presta especial atención a las comunidades más vulnerables a desastres ambientales y al impacto del cambio climático, trabajando desde la importancia de la permanencia y vínculo con el territorio. Por ejemplo, en México se está logrando la construcción y agricultura sostenibles tras un desastre natural en los Montes de Guerrero, gracias al apoyo de Cooperación Comunitaria. Este proyecto contribuye a la recuperación tras los impactos de los huracanes Ingrid y Manuel mediante la reconstrucción del hábitat con técnicas tradicionales y materiales locales, realizada por la propia comunidad. Además, se analizaron las causas de la vulnerabilidad y se establecieron medidas para el manejo sustentable del territorio.
Frente al inmovilismo de los Estados, la sociedad civil no espera. Las estrategias construidas por la ciudadanía, pueden dar el salto cualitativo y cuantitativo que exige la lucha contra el cambio climático. Dichas estrategias deben basarse en esta materia, que pone el planeta y su gente en el centro de las acciones, aporta un enfoque colectivo y territorial a los derechos humanos y se centra en las comunidades más vulnerables.
Álvaro Puertas es arquitecto, máster en desarrollo sustentable y técnico en la Federación de Cooperativas de Vivienda Catalana e Isabel Pascual Díaz es coordinadora de comunicación de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
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