Entre 15 a 20 denuncias anuales recibe el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) por parte de personas quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y en su mayoría se trata de discriminación en espacios de trabajo.
Durante el foro “Cambiando Las Leyes: Avances y Retos en La No Criminalización del VIH”, que se realizó el pasado martes 21 de junio, la presidenta de la COPRED, Geraldine González de la Vega Hernández, destacó que los discursos de criminalización hacia las personas quienes viven con VIH se ponen en práctica mediante análisis ilegales que se les pide en lugares de trabajo para conocer su estado serológico.
“Vivir con VIH es una condición que jamás puede ser una razón para la exclusión, discriminación y muchísimo menos para la criminalización y la violencia”, dijo Geraldine González para recordar diferentes casos de serofobia que se denuncian en espacios laborales
Es por ello que se han emitido tres opiniones jurídicas en torno a casos de discriminación laboral en una línea aérea, sector bancario y educativo. Por otro lado, la presidenta de la COPRED hizo un llamado al gobierno capitalino a derogar el delito de “peligro de contagio” que sirve de justificación para criminalizar a personas quienes viven con VIH.
“Es un delito que criminaliza simplemente el estado de salud de las personas, el hecho de tener VIH y tener una relación es ya un delito en la Ciudad de México porque pone en peligro a las otras personas y esto es contrario al principio de legalidad, como ya lo dijo la Suprema Corte en nuestro país y contrario al principio de igualdad y no discriminación”, expresó González de la Vega.
“Las personas criminalizadas por esta vía, lo son por vivir con VIH, esta legalización fomenta la narrativa de violencia y discriminación, misma que se encuentra prohibida tanto en la Constitución del país, como en la Constitución de la Ciudad de México”, agregó.
Cabe recordar que en junio del año pasado, miembros de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron a Juan Francisco “N” por probable responsabilidad en el delito de “peligro de contagio”.
Conforme con la indagatoria, en agosto de 2019, su pareja se dio cuenta que en su hogar se encontraban medicamentos antirretrovirales y al no darle a conocer su estado serológico, la pareja decidió denunciarlo. Después de movilizaciones por parte de activistas quienes viven con VIH, se llegó a un acuerdo para que a Juan Francisco “N” se le reconfigurara la situación.
Como respuesta al trabajo de la abogada Olivia Rubio y el de la Fiscalía y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, se logró que a Juan Francisco “N” se le otorgara su libertad.
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