Por Agencias
Ciudad de México, 30 noviembre de 2020.- Un señor de mediana edad acaba de abrir una lavandería en Plaza Tepeyac, ubicada en el norte de la capital de México. Espera a que lleguen los primeros clientes. Es una mañana de un jueves en pandemia, y por la mente de los pocos transeúntes no pasa la idea de que uno de los locales tiene un adeudo de millones de pesos al erario.
En esa dirección, en la que hay una lavandería, está registrado también el domicilio fiscal de más de nueve empresas ligadas a un matrimonio que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre los cuales ya reposa una denuncia en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, operación y protección de empresas defraudadoras, extorsión a contribuyentes, cobro de piso a Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Auditores, Revisores, Censores, Ejecutores y Notificadores a su cargo.
Según Sin Embargo, los testimonios revelan que en este sector del IMSS, en lo referente a lo administrativo, hay un secuestro de todos los servicios de parte de trabajadores que están ahí desde el año 2012, a pesar de que, durante el mismo periodo, posiciones similares cambiaron de titular con la nueva administración.
SinEmbargo consultó al IMSS. Dijo desconocer este caso. Aseguró que hasta el momento no tiene notificación de la SFP sobre alguna investigación vinculada a Roberto Aranda; tampoco tiene identificadas quejas por parte de personal interno a cambio de eficientar o acelerar trámites y servicios y por último recalcó que en las Subdelegaciones del IMSS en todo el país los trámites son gratuitos.
Este es el caso de Roberto Aranda Sánchez, titular de la Subdelegación 04 Guerrero del IMSS, que, de acuerdo con la denuncia interpuesta por empresarios, tiene como operadores para la protección de empresas defraudadoras, a Brenda Alejandra Ávila Flores, su esposa, quien aparece como trabajadora en algunas de las empresas en cuestión.
El fraude de estas empresas representaría poco más de 63 millones de pesos, de acuerdo con los estados de adeudo tanto de Cuotas Obrero Patronales como de Retiro, Cesantía y Vejez, emitidos por la Coordinación de Cobranza en poder de SinEmbargo.
El grupo de empresarios que interpuso la denuncia asegura que las operaciones de Aranda Sánchez en la Subdelegación 04 del IMSS configuran abusos perpetuados, que cuentan con una red que los opera tanto por el miedo a perder el empleo como por los beneficios; algunos de los empresarios, después de la travesía, optaron por llevarse sus empresas a otras zonas del país.
El caso en cuestión es el siguiente: Brenda Alejandra Ávila, esposa de Roberto Aranda, tiene a su nombre a empresa Maxbill Servicios Administrativos S.A. de C.V., esto de acuerdo con el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (Sindo) del IMSS. EL domicilio fiscal de esa empresa es Avenida Victoria 127 interior 002, que pertenece al área de trabajo de Aranda.
De acuerdo con la Coordinación de Cobranza, Maxbill, que tiene un giro de servicios de limpieza de ventanas y fachadas, de edificaciones y fabricación de resinas sintéticas y plastificantes, tiene adeudos de cuotas obrero patronales y de las aportaciones de retiro, cesantía y vejez por 13 millones 165 mil 049 pesos, pero con una causa de baja por el Artículo 251 de la Ley del Seguro Social que estipula que la empresa no fue localizada.
Por su cuenta, la señora Brenda Ávila también aparece en otras empresas: Desarrolladora Industrial MTC & Cel S.A. de C.V; Unión Secatami S.A. de C.V. y Asetrabmex S.A. de C.V, que de acuerdo con el Sindo, también están dadas de baja por el Artículo 251, es decir, que no fueron localizadas. El monto de adeudo de esas empresas asciende a 5 milones 823 mi 899 pesos.
LA MAQUINARIA
De acuerdo con una fuente consultada por SinEmbargo, el modus operandi de estas empresas es abrir empresas en jurisdicciones que les corresponden a ellos como subdelegados; luego las empresas dejan de pagar, tienen multas, interponen medios de defensa y al término de un año o dos años, una vez que estas empresas empiezan a generar cierto adeudo, un millón, 2 millones o más, como está en los documentos, ponen a la empresa como no localizada.
El encargado de la Subdelegación es el encargado de emitir los dictámenes de Responsabilidad Solidaria en contra de todos y cada uno de los Socios y/o Administradores de estas empresas. Está dentro de sus facultadas bloquear las cuentas bancarias de las empresas, socios y/o administradores e integrar un expediente por defraudación fiscal en contra de los involucrados por lo que pudiera considerarse o presumirse un delito.
Porque esto sí ocurre con otros contribuyentes. De acuerdo con otro testimonio recabado por este medio digital, en la Subdelegacuión de Guerrero, a cargo de Aranda Sánchez, están incluso establecidos los porcentajes que los empresarios deben entregar para realizar cada uno de los trámites que tengan que hacer y que además, hay cobro de piso para ser jefe de oficina, de departamento y de sección.
Source link