Un mural luminoso sobre biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), este lunes en Montreal (Canadá).ANDREJ IVANOV (AFP)
El nombre de Estados Unidos suele brillar por su ausencia en las listas de signatarios de convenios internacionales. La ausencia puede tener que ver con una agenda política determinada, el signo concreto del Gobierno, pero también con presiones de grandes industrias por temor a ver comprometidas patentes e investigaciones; así como un orden de prioridades que tiende a desdeñar lo que no es visto como urgente. Pero la negativa a ratificar este tipo de acuerdos casa mal con la promesa de Joe Biden de abrazar de nuevo el multilateralismo tras los cuatro años de cerrazón de Donald Trump, especialmente en lo relativo al medio ambiente.
El ejemplo que mejor ilustra las reticencias de Washington a sumarse a iniciativas globales es el convenio sobre biodiversidad (CDB, en sus siglas inglesas), objeto de una cumbre de la ONU en Montreal, la COP15. No solo porque la no ratificación de EE UU empaña los esfuerzos globales para evitar la extinción de especies; también porque, a juicio de algunos analistas políticos, es un perjuicio para la credibilidad y la influencia de este país en el mundo. El motivo habitual del rechazo es la primacía de los intereses nacionales, pero el caso del CDB resulta especialmente llamativo por dos razones: porque EE UU fue en los años ochenta uno de sus principales promotores y porque en Montreal intentará impulsar uno de sus objetivos, la iniciativa 30×30 para preservar el 30% de la tierra y el agua para 2030. Una amplia delegación estadounidense, liderada por la enviada especial de Washington para biodiversidad y agua, Monica Medina, participa en la reunión, pero sin voto.
Aunque de momento persiste el rechazo a ratificar el convenio de la ONU, los avances en materia ambiental de la Administración demócrata son notables. En mayo, el Departamento de Interior anunció su compromiso con la iniciativa 30×30. El mandatario decidió restaurar la histórica ley del Tratado sobre Aves Migratorias, de 1918, cuyos objetivos fueron limitados por la presidencia de Trump. Biden también impulsa la creación de cientos de miles de empleos verdes de la mano de la Ley de Infraestructuras, además de subsidiar las energías limpias y la industria del automóvil eléctrico. El regreso de EE UU al Acuerdo de París fue el símbolo de la política de realineamiento multilateral, mientras otros casos, como el del convenio de biodiversidad —que tampoco ha suscrito la Santa Sede—, permanecen en un limbo ambiguo.
Una de las razones es que cualquier tratado internacional debe someterse a votación en el Congreso, y la distribución de los escaños no suele facilitar la rúbrica. El mecanismo parlamentario conocido como filibusterismo exige dos tercios de un total de 100 votos para la aprobación en el Senado, por ejemplo. Desde principios de la década de 1990, cuando se redactó el CDB con importantes aportaciones de EE UU, los legisladores republicanos han bloqueado su ratificación por considerar que vulnera la soberanía nacional, pone en peligro los intereses comerciales y supone una carga financiera, afirmaciones infundadas según los expertos.
Es un gran problema que los Gobiernos traten la crisis de la extinción y la crisis climática como cuestiones separadas
Convencer a un número suficiente de senadores republicanos para ratificar el acuerdo no parece ser una de las prioridades de la Administración de Biden, en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. Pese a su defensa del objetivo 30×30, pocos niegan que la ausencia de EE UU del concierto internacional perjudica la conservación de la biodiversidad. “Es vergonzoso que EE UU no forme parte del CDB. Al ser el único país que no forma parte, demuestra una falta de compromiso para acabar con la crisis de extinciones. EE UU debe adherirse al convenio y comprometer fondos para ayudar a proteger la biodiversidad en todo el mundo”, señala desde Montreal Tierra Curry, investigadora del Center for Biological Diversity. “Muchos científicos y activistas están aquí para instar a los delegados a que se comprometan a detener la extinción de inmediato, proteger al menos el 30% de la Tierra para 2030, salvaguardar y respetar a las comunidades indígenas y frenar la contaminación por plásticos y pesticidas. Es un gran problema que los Gobiernos traten la crisis de la extinción y la crisis climática como cuestiones separadas. Tenemos que tomar medidas urgentes sobre ambas simultáneamente, centrándonos en cuestiones de justicia y sustentando a los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables”, concluye Curry.
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Treinta años después de la conferencia inaugural de Río de Janeiro, la tramitación en EE UU del CDB, que sí ha suscrito China, habitual negacionista, ha discurrido a trompicones. En 1992, año electoral, el entonces presidente, George H. W. Bush, se negó a firmarlo ante la presión de varios senadores de su partido y de la industria de la biotecnología y las grandes farmacéuticas, que temían verse obligadas a compartir con otros países propiedad intelectual derivada de la investigación genética, con una rentabilidad económica incalculable. El miedo a que EE UU tuviese que ayudar a países pobres a proteger sus recursos naturales también contribuyó al rechazo.
El ganador de las elecciones ese año, Bill Clinton, firmó el tratado poco después de llegar a la Casa Blanca. Pero en 1993, a la hora de enviarlo al Senado, donde la aprobación requería 67 votos a favor, se vio obligado a añadir siete acotaciones para explicar que su ratificación no perjudicaría a las empresas estadounidenses ni obligaría al país a ampliar su corpus jurídico sobre medio ambiente. Ni mucho menos, insistía, suponía un menoscabo a la soberanía sobre los recursos naturales. Ninguna de esas cautelas convenció a la bancada republicana, y el texto entró en vía muerta. Desde su presidencia, ninguno de sus sucesores ha vuelto a plantear la ratificación del CDB.
Precisamente por la apuesta ecologista de Biden, se espera algo más de su Administración en los trabajos de la COP15. “El planeta se enfrenta al mayor declive de biodiversidad de la era humana”, señala Leda Huta, directora general de Endangered Species Coalition. “Estados Unidos no puede permanecer al margen mientras un millón de especies corren el riesgo de desaparecer para siempre. La Administración de Biden debe tomar medidas —incluida la creación de una estrategia nacional de biodiversidad— para garantizar que las generaciones futuras habiten un planeta sano, que sustente la vida y sea rico en especies”.
Desde el continente americano, se elevan también las voces para integrar en la defensa de la biodiversidad a las numerosas comunidades indígenas, así como a los activistas ambientales, que son objeto de persecución en muchos países del continente. “La cumbre de Montreal es una buena oportunidad para que los Estados miembros se comprometan a proteger a los defensores del medio ambiente que desempeñan un papel clave en la custodia de nuestros recursos naturales. No es posible debatir y tomar decisiones sobre la crisis de la biodiversidad si no abordamos los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades de primera línea que luchan por proteger sus territorios y recursos naturales”, apunta Juliana Bravo Valencia, directora del programa de la Amazonia de Earthrights International.
Un palo en las ruedas de una docena de convenios
En un alarde de nacionalismo, los republicanos no solo torpedean la ratificación del tratado de biodiversidad, también los protocolos adicionales a la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el Tratado de Comercio de Armas, que regula las transacciones internacionales de armas convencionales, el de Prohibición Integral de Pruebas Nucleares, la Convención de Estocolmo sobre contaminantes o la histórica Convención de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, además del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Casi todos los anteriores han sido firmados, pero no ratificados por temor a la pérdida de soberanía nacional. El Tratado de Ottawa que prohíbe las minas no ha sido ni siquiera firmado, mucho menos ratificado, al igual que la convención de la ONU sobre la ley del mar (UNCLOS, en sus siglas inglesas). El Estatuto de Roma que estableció el Tribunal Penal Internacional ha corrido peor suerte: fue firmado en su día, pero EE UU se retiró del mismo al considerar que socavaba la protección de sus ciudadanos y, especialmente, de sus soldados, frente a una eventual investigación por crímenes de guerra o causas de índole política.
“Si el presidente Joe Biden quiere demostrar que ‘EE UU ha vuelto [a la escena internacional]’, debería intentar avanzar en la firma o ratificación de varios de estos importantes tratados internacionales”, apuntaba recientemente Anya Wahal en un informe para el Council on Foreign Relations.
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