Era un alivio a medias pero alivio al fin: después de más de 90 días de que fueran detenidos y de que los mantuvieran en aislamiento total, los carceleros permitieron que los presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueran visitados por sus familiares el pasado lunes. Ansiosos, sus seres queridos ingresaron a la prisión de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, y lo que vieron en los escasos diez minutos que duró la visita bajo presencia policial los horrorizó. “Están demacrados, como traslúcidos. Sufren desnutrición, están siendo sobremedicados y los mantienen aislados”, dijo a EL PAÍS uno de los parientes, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. Lo que presenció en la cárcel quedó resumido en una imagen: los presos se ven como salidos de un campo de concentración, dijo.
Crisis en Nicaragua
Al menos 19 familiares de los 36 presos políticos que el sandinismo acumula en la nueva ola represiva que comenzó en junio publicaron un comunicado conjunto alertando sobre la situación que atraviesan sus seres queridos en prisión, entre los que hay líderes opositores y civiles, exguerrilleros sandinistas históricos, periodistas y siete precandidatos presidenciales.
Según describen, el deterioro físico que han visto en sus familiares se traduce en “pérdida extrema y acelerada de peso” (entre 5 y 16 kilos), enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación que les ha llevado a “un estado de desnutrición severa” y “palidez extrema, ya que muchos no tienen acceso al sol”. Además, advirtieron, “algunos padecen de enfermedades crónicas preexistentes y podrían desarrollar nuevas afectaciones en su salud, lo que pone en riesgo sus vidas”.
El lunes fue la primera vez las autoridades permitieron las visitas de los familiares de los presos políticos. El Gobierno cedió a la presión internacional, en especial a partir de un informe de Amnistía Internacional (AI) que acusó al régimen sandinista de al menos 10 desapariciones forzadas. La organización no gubernamental basó sus señalamientos en que los opositores y periodistas eran arrestados con violencia y no se informaba sobre su paradero, hasta que días o semanas después la Fiscalía emitía comunicados formalizando acusaciones, casi todas por “traición a la patria”.
Hasta hace unos días, el aislamiento total era la norma en las celdas de El Chipote, sede de la DAJ. Lo que los presos políticos contaron a sus familiares en las visitas reafirmó las denuncias de organismos de derechos humanos sobre torturas psicológicas documentadas a través de terceras fuentes judiciales. Sin embargo, el relato directo de los presos políticos evidenció eso y más: un estado físico lastrado por la malnutrición, interrogatorios interminables y aislamiento en pequeñísimas celdas, donde las luces no se apagan nunca.
Los mayores sufren
El peor semblante lo presentan los presos políticos de mayor edad, quienes tienen más de una enfermedad o sufren padecimientos crónicos. Son ocho los presos políticos mayores de 60 años y, según el Código Procesal Penal y la Ley del Adulto Mayor, tienen derecho a una opción cautelar diferente a la prisión. Entre ellos se encuentran la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, el general en retiro Hugo Torres, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa y el opositor José Pallais.
“Están irreconocibles”, dijo uno de los familiares. “Para los mayores es peor, están a punto de sufrir un desplome orgánico, es decir que su cuerpo colapse por completo. Esto puede terminar en una fatalidad”, advirtió.
Los presos políticos también están siendo sobremedicados, dice otro familiar; lo que, sumado a la mala alimentación, parece ser un intento de “quebrarlos emocionalmente”. “Quienes padecen enfermedades crónicas no tienen certeza de qué medicamentos les entregan, ya que van sin nombre ni etiqueta, e incluso se ha logrado identificar sobremedicación”, relatan.
De acuerdo con la denuncia de los familiares, los carceleros han solicitado nuevos medicamentos que los presos políticos no consumían ni necesitaban antes de su detención. Sin embargo, no les han permitido valoraciones médicas para determinar sus condiciones reales de salud.
Además, los familiares relataron que algunas de las celdas no cuentan con inodoros, sino que lo único disponible son hoyos en el piso. Y también que la banqueta que sirve de cama a los presos políticos cuenta solo con una fina colchoneta y el frío es tenaz. Los policías tampoco les permiten colchas.
“Todas estas condiciones extremas a las que están sometidos nuestros familiares constituyen actos de tortura. Tenemos profunda preocupación de que puedan causar daños irreversibles tanto física como psicológicamente”, dice el comunicado que publicaron los familiares, quienes demandan la posibilidad de visitas periódicas y por más tiempo, en condiciones de privacidad y sin acoso hacia ellos o hacia los abogados defensores. No obstante, la petición central es la liberación de todos los presos políticos.
“Ellos son presos políticos por alzar su voz contra el régimen, de manera tal que su encarcelamiento es un castigo… Y si a esto le sumas la negación del medicamento, que están desnutridos porque no les dan una adecuada ingesta calórica diaria, esto ya configura una conducta de tortura física. No solo los están castigando psicológicamente”, alertó uno de los abogados.
Juicios en prisión
Los familiares de presos políticos señalaron que, desde el pasado jueves, empezaron a realizarse las audiencias iniciales en El Chipote de manera secreta, sin posibilidad de abogados defensores o presencia de sus familias. Tanto fiscales como jueces han montado sus tribunales políticos en esta temida prisión administrada por la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), el brazo de Ortega en la policía para ejecutar la persecución política.
“Los procesos judiciales contra nuestros familiares se basan en argumentos falsos y sin evidencias reales. En adición, han cambiado el sitio de realización de las audiencias a último momento, de los juzgados a la Dirección de Auxilio Judicial El Nuevo Chipote, en los procesos espurios y sin fundamentación jurídica que lo sustente; además de no permitir el ingreso de los familiares a las audiencias, aunque la Constitución Política lo consigne”, señala el comunicado.
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