La Fiscalía de Perú liberó a 192 personas que fueron detenidas este fin de semana durante el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.
“Culminadas las diligencias en las sedes policiales y recibido el informe policial correspondiente, el fiscal provincial penal ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una persona detenida por tener requesitoria“, dice un comunicado.
El Ministerio Público afirmó que investiga la comisión de delitos contra el patrimonio, usurpación agravada y daños, en agravio de la universidad.
Horas antes, la Defensoría del Pueblo había pedido “resolver oportunamente (el) habeas corpues de las personas detenidas en la UNMSM, en especial mujeres, personas adultas mayores y otras en situación de vulnerabilidad”.
Alrededor de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió a la Policía aclarar la situación jurídica de los detenidos en la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Nada justifica que las personas sigan detenidas en las instalaciones de la Policía.
Organismos como Amnistía Internacional condenaron el “uso desproporcionado de la fuerza” y respeto a los Derechos Humanos.
“El estado de emergencia no suspende el debido proceso. Las personas detenidas deben tener acceso a su defensa en todo momento y contar con intérpretes de necesitarlo. Se mantiene la prohibicion de incomunicación y de tratos crueles e inhumanos”, afirmó el organismo internacional.
La Universidad afirmó en un comunicado que solicitó la liberación de las puertas tomadas por estudiantes, pero que la policía realizó un operativo con “abuso de autoridad” para ingresar a todo el campus.
Se exigió la liberación de los alumnos y se denunciaron los daños provocados por las fuerzas del orden.
Rechazamos la intervención de la DIRCOTE en la Residencia Universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos. (Europa Press, Reuters, EFE).
Source link