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Policía investigando delitos en Internet

POLICÍA NACIONAL
07/04/2020
Policía investigando delitos en Internet

POLICÍA NACIONAL
07/04/2020
/ Europa Press

Los delitos de estafas por Internet han aumentado al menos en un 70%, durante el confinamiento, “en un momento en el que la gente está más conectada y más sensible que nunca”, según fuentes de la Guardia Civil. Aunque apenas se registran denuncias, son numerosas las comunicaciones sobre fraudes referidos a compras de materiales sanitarios que nunca llegan y las residencias de ancianos son de las más afectadas. Los expertos recomiendan mantener los proveedores habituales.

A principios de la crisis del coronavirus en España, hace algo más de un mes, una de las secretarías de Estado del Gobierno recibió un correo electrónico. En él, un conocido proveedor de material sanitario ofrecía toda clase de productos que en ese momento ya empezaban a escasear: mascarillas, guantes, Equipos de Protección Individual (EPI), batas médicas… La oferta incluía fotografías de cada uno de los productos, precios, opciones y plazos de entrega y de pago. Todo aparentemente correcto. Sin embargo, ante la agresiva competencia internacional que empezaba a haber por ese tipo de productos, un alto responsable de la secretaría del departamento puso el asunto en manos de la Policía Nacional. “En cuestión de días vimos que se trataba de un falso proveedor, había suplantado la identidad del verdadero y el servidor desde el que operaba estaba en Chile”, explican fuentes policiales. La compra nunca llegó a producirse por lo que no habido estafa, pero el caso aún podría judicializarse.

Desde entonces, han proliferado los piratas en el mercado de productos sanitarios. Los cálculos de los responsables de ciberdelitos de la Guardia Civil estiman ya un aumento de al menos un 70% de los fraudes en Internet aprovechando la crisis del coronavirus. Se trata de un cálculo basado en las “comunicaciones que a través de distintos canales —buzones de correo, foros, asociaciones empresariales— le llegan a los agentes especializados en ciberdelincuencia”, ya que denuncias apenas se han registrado. “Nadie va a denunciar: hemos pasado de tener una media de 40 denuncias al día en una comisaría del centro de Madrid a siete a la semana”, cuentan fuentes de la Policía Nacional. “La gente no sale ni para denunciar”.

Residencias de ancianos

Las primeras y más numerosas alertas sobre posibles fraudes en la compra de material sanitario vinieron de las residencias de ancianos. “La desesperación por protegerse, la escasez de los elementos necesarios para hacerlo y la falta de contacto y de costumbre en el trato con proveedores les abocó a los piratas”, explican los analistas de la Guardia Civil. “Son algunas de las pocas denuncias que se han realizado, sobre todo por pagos por adelantado de materiales que, de momento, no han llegado, pero son mucho más numerosas las comunicaciones que hemos recibido”, señalan.

Según el decreto del estado de alarma en vigor desde el pasado 14 de marzo, las existencias de material sanitario deben ser comunicadas al Ministerio de Sanidad, responsable de redistribuirlo según la emergencia por todo el territorio nacional. Sin embargo, durante semanas las mascarillas, por ejemplo, han escaseado en las farmacias, y el precio se ha disparado.

El cliente quiere creer que lo que ha comprado en Internet es lo que ha pagado, pero Policía y Guardia Civil advierten también de que son muchos los productos “no homologados” que están entrando en el mercado europeo a través, principalmente, de países como Rumanía y Bulgaria, “donde los requisitos son más laxos”. Para muestra, un botón: el Gobierno francés recibió una alerta de su embajada en Sofía ante una posible venta de mascarillas entre Bulgaria y Francia, cuyos certificados, firmas y datos básicos se encontraban alterados, y hasta los nombres de los fabricantes, tachados. La alerta fue difundida por las autoridades francesas a sus homólogos españoles.

El Gobierno de España tuvo que devolver una partida defectuosa de 640.000 test para detectar el virus y recientemente retiró un lote de cientos de miles de mascarillas repartidas a las comunidades autónomas tras comprobar que no cumplían la normativa europea. Desde hace un mes el Ministerio de Sanidad tampoco hace públicos los contratos de compra, al tramitarlos por “vía de urgencia”. El mercado de material sanitario se ha vuelto opaco y arriesgado, siendo China donde se produce el 80% del producto.

Este es un terreno abonado para los piratas como los que desde hace dos semanas también se hacen pasar por “falsos comerciales (personas físicas) que acuden a residencias y farmacias ofertando algún producto”, según fuentes del instituto armado. Con pocas denuncias y muchos mensajes en los buzones de comunicaciones de Policía y Guardia Civil, los agentes advierten de que tendrá que pasar un tiempo para medir el pulso al fraude abonado por la pandemia.


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