El último y más autorizado de los diagnósticos sobre la economía mundial, el informe de perspectivas globales del Fondo Monetario Internacional (FMI), dibuja un panorama desolador en lo que todavía es un balance provisional de los daños económicos derivados de la pandemia. España destaca en él negativamente por encaminarse a la peor contracción del PIB en 2020 de las economías avanzadas. El escenario que dibuja el FMI viene marcado por la incertidumbre que produce la nueva ola de coronavirus que está afectando de forma significativa a gran parte de las economías desarrolladas, de forma particular a las europeas. Por eso, la advertencia principal que transmite esa institución no es otra que el cuidado en no retirar los estímulos monetarios y fiscales antes de tiempo. Las previsiones de recuperación del crecimiento económico en el próximo año quedan así muy condicionadas por la persistencia de la incertidumbre y la correspondiente inhibición de las decisiones de gasto, incluida la inversión de las empresas. Esta última es esencial para la completa normalización de la actividad económica y, en su asentamiento, la confianza es la pieza esencial.
Ese es el atributo del que la economía española es hoy más deficitaria. La tasa de contracción del PIB que prevé el FMI para este 2020 es del 12,8%, la peor en las economías avanzadas; el ascenso del desempleo llega hasta el 16,8%, segundo peor dato en ese grupo detrás de Grecia. La recuperación del crecimiento prevista para el año que viene, del 7,2%, queda condicionada a que los nuevos contagios no aumenten más y, en todo caso, será insuficiente para restaurar el bienestar perdido. En esta segunda ola de contagios, España vuelve a poner de manifiesto serios problemas de gestión y coordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública cuyo resultado final no es otro que la desconfianza de los ciudadanos y de los agentes económicos, españoles y extranjeros. Finalmente, pero no menos importante, la confianza es débil porque España es el país europeo donde la confrontación política es más intensa e invasiva en todos los ámbitos, incluidos la salud y el bienestar económico.
La persistencia de esas amenazas puede comprometer la disposición a tiempo de las ayudas europeas y, con ellas, la renovación de los atractivos de España como destino inversor. Lo que está en juego va mucho más allá de los nada despreciables 140.000 millones de euros que le corresponderían a España de ese fondo de recuperación. Sin esos recursos, además de que la recuperación sería más lenta, la economía española perdería una oportunidad para acelerar su modernización. Fortalecer su patrón de crecimiento es una de las condiciones necesarias para que no vuelva a ser una de las más vulnerables frente a futuras crisis. También es necesaria para la emergencia de empresas con mayor base tecnológica, con mayor calidad del capital humano y con aspiraciones a dimensiones medias superiores. No menos relevante, ese apoyo europeo resulta necesario para que políticamente seamos capaces de afrontar reformas. Los pésimos datos comparativos de España con respecto a las otras economías avanzadas reclaman una honda reflexión sobre las debilidades sistémicas de este país y sobre la gestión política de la crisis en todos los niveles, desde el Gobierno central hasta las autoridades regionales y locales.
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