El boticario de pueblo que perdió a sus clientes de siempre tras un pacto secreto

Como en cualquier farmacia de pueblo, en la de Juan Gil se saluda a todo el mundo por su nombre. Se habla de la salud, del trabajo, de los hijos y los nietos. Hay tanta confianza que Juan Gil ha compartido la cena de Nochebuena con algunos clientes de toda la vida. Esos que llevan 52 años comprando, desde que su padre abrió en 1969 la primera botica en Villa del Prado, un pueblo de 6.661 habitantes en el oeste de la región de Madrid. Pero cada vez que un vecino mayor ingresa en la residencia pública en el mismo pueblo, a solo 350 metros de su establecimiento, dejan de ser sus clientes y se pasan a la competencia, la otra farmacia de Villa del Prado, una franquicia del grupo Trébol que lleva mucho menos tiempo en el municipio. Justo cuando llegan a la edad anciana, la etapa de la vida en que más fármacos precisan, Gil los pierde para siempre.

Gil tiene 56 años y es hijo de don Miguel, el boticario que abrió el negocio. Corría el año 2003 cuando los Gil tuvieron una noticia buena y otra mala. La buena consistía en que la Comunidad de Madrid abrió en el pueblo una residencia pública de mayores con 120 plazas, a solo tres minutos de su establecimiento, bajando por la calle del Álamo. Estos hogares de mayores son un gran negocio para las farmacias de cualquier punto de España, porque las personas de edad avanzada consumen por lo general más medicinas que las jóvenes, al padecer enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o artritis.

La mala noticia era que un poco antes de esa época les acababa de surgir por primera vez competencia en la mismísima Villa del Prado, una farmacia que da servicio un poco más arriba, a 700 metros de la residencia subiendo por la avenida de España, entonces conocida como avenida del Generalísimo. Fue entonces cuando Gil empezó a notar que sus clientes de toda la vida le daban la espalda y al principio no entendió por qué. La razón, según averiguó preguntando por el pueblo, estaba en el pacto que habían acordado la farmacia rival y el hogar de mayores. La residencia pública está gestionada por una empresa privada, Sacyr Social, una filial del gigante español de la construcción Sacyr, y la farmacia rival es una franquicia de Trébol, un grupo de 52 establecimientos. Dos grandes grupos habían maniobrado para quedarse con la parte más suculenta del negocio en Villa del Prado.

Este acuerdo de suministro exclusivo parece por algún motivo un asunto peliagudo que Sacyr Social quiere ocultar. Una portavoz de la empresa niega a este periódico por correo electrónico que haya un contrato, pero la farmacia rival admite su existencia. Juan Pablo Aros, el abogado de la farmacéutica, María Paz Borges, dice que el hogar de mayores centralizó el suministro de medicamentos “para facilitar la gestión” y añade que esto es un acuerdo habitual entre farmacias y residencias.

Una fuente que trabaja en ese hogar de mayores y tiene pleno conocimiento, así como un familiar de un residente confirman que sí hay un pacto. La empleada del hogar de mayores, que pide anonimato, dice que “la empresa elige a su proveedor de medicinas, al igual que elige a su proveedor de carne”. Los trabajadores de la residencia se refieren a Trébol como “nuestra farmacia”. [Un secreto más oscuro de esta residencia fue desvelado esta semana por EL PAÍS: la Fiscalía investiga la muerte de una residente que salió sola en silla de ruedas y chocó contra un muro tras caer por una rampa].

“Os queremos mucho, pero tememos represalias”

En teoría, Gil cuenta con la ventaja de estar más cerca a la residencia que su competidora. Los familiares o los residentes pueden dar un pequeño paseo desde la residencia y llegar a su puerta. Pero la mayoría de las 120 personas que viven en ese hogar de mayores tienen dependencia y es la residencia la encargada de comprar esos medicamentos por ellos.

El centro debería informar a los residentes y a sus familiares de la libertad que tienen para escoger farmacia, según le ha explicado a Gil el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. La portavoz de Sacyr Social asegura que la empresa siempre recaba por escrito esa opción de los usuarios, pero esta práctica es desmentida por cuatro familiares de residentes, vecinos que piden confidencialidad. En este pequeño pueblo no quieren ser señalados por tomar parte en la controversia. Tres que tuvieron a sus familiares dentro hace años afirman a este periódico que nunca se les dijo nada y una cuarta relacionada con un usuario actual asegura que un trabajador del centro le informó de la posibilidad de elegir farmacia, pero le condicionó diciéndole que para ellos “es mucho más cómodo” comprar la medicina en Trébol.

Gil ha hablado con sus antiguos clientes para averiguar por qué no se oponen. “Aceptan lo que diga la residencia porque sus padres son personas vulnerables y optan por no llevarles la contraria”, dice Gil. “Su salud y su bienestar está en sus manos”.

Durante casi 20 años, Gil ha movido cielo y tierra para defender su negocio, que según dice ha sufrido un grave perjuicio económico. En el mostrador y en la puerta durante un tiempo exhibió carteles que aún guarda en un cajón y que decían: “¿Tiene un familiar en la residencia de Villa del Prado? Esto le puede interesar”. El documento les informaba de que “tienen derecho a elegir la farmacia que realice la prestación farmacéutica, no estando limitados sólo a la farmacia que provee a la residencia”.

No sirvió para nada. “No venía nadie”, cuenta él, “Me decían: ‘A ti y a tu familia os queremos mucho, pero tememos represalias’ y es que es normal, imagínate a una persona mayor sentada en una silla de ruedas y con una sonda. No te puedes poner en contra de la dirección”.

En los últimos dos años Gil ha acudido al Ayuntamiento, la Consejería y el Defensor del Pueblo. Las respuestas que está recibiendo le dicen que si se está vulnerando el derecho a elegir farmacia, como asegura Gil y confirman los familiares, deberían ser los propios residentes quienes presentaran la denuncia ante estas instancias, ya que serían los damnificados.

Quizás Gil tendría más éxito si argumentara que se está vulnerando su derecho a la libre competencia. Consultado por este periódico sobre el caso, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid reconoce que los acuerdos de suministro exclusivo entre farmacias y residencias existen. A veces estos pactos incluyen a farmacias muy lejanas del hogar de mayores. El presidente del Colegio, Luis González Díez, ha propuesto a la Comunidad de Madrid que en la reforma venidera de la Ley de Farmacia la residencia, con independencia de su tamaño o titularidad, esté obligada a contratar de forma equitativa con las farmacias del municipio o el área de salud donde esté ubicada.

Otros casos extraños

Las relaciones entre residencias y farmacias son muy opacas. La Comunidad de Madrid no hace pública la información sobre qué residencia compra a qué farmacia y cuánta cantidad, unos datos que según farmacéuticos consultados sería posible conocer gracias a que todo está informatizado desde la introducción de la receta electrónica.

A veces han salido a la luz casos muy extraños de farmacias que suministraban a residencias situadas a gran distancia, lo que hace sospechar que hay acuerdos entre ambas para repartirse los beneficios. En 2002, el PSOE denunció en la Asamblea de Madrid que una residencia pública de Madrid capital tenía un acuerdo de suministro con la competidora de Juan Gil en Villa del Prado, a 80 kilómetros. En otras zonas de España se han conocido casos llamativos: en 2018, 10 de las 2.300 farmacias valencianas se repartían el 25% de los medicamentos para residencias privadas.

Gil está desesperado porque su facturación ha bajado mucho. En todo este tiempo muy pocos residentes le han comprado: “Ahora solo tengo a una señora mayor de 97 años que viene a pie y es una valiente”.

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