Benjamín Netanyahu ha tomado posesión este jueves como primer ministro de Israel por sexta vez. El líder del conservador Likud estrena legislatura con la coalición de Gobierno más religiosa y derechista de la historia de Israel, que tiene entre sus prioridades expandir los asentamientos judíos en Cisjordania. Mientras los 31 ministros y cinco viceministros del nuevo Ejecutivo —entre los que solo hay cuatro mujeres— juraban sus cargos en el Parlamento israelí (Knesset), miles de personas protestaban fuera contra el gabinete, que incluye a dos partidos religiosos ultraortodoxos y al controvertido partido de extrema derecha Sionismo Religioso.
La alianza de ultraderecha que ha entrado en el Ejecutivo israelí está formada por tres partidos, cuyos líderes son Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso), Itamar Ben-Gvir (Poder Judío) y Avi Maoz (Noam), tres colonos que viven en Cisjordania. A ellos se les atribuye que la expansión de los asentamientos en Cisjordania se encuentren en lo más alto de las prioridades de la coalición. “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable sobre todas las áreas de la Tierra de Israel. El Gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas las partes de Israel en Galilea, Negev, Golán, Judea y Samaria”, arranca el documento con el que Netanyahu presentó este miércoles las líneas generales de la política de su nuevo Gobierno y los acuerdos de coalición con sus socios.
El documento prevé además legalizar en 60 días, a partir de la toma de posesión, decenas de asentamientos en Cisjordania construidos ilegalmente (según la ley israelí) antes de febrero de 2011, incluyendo “la garantía de que tengan la infraestructura, agua, electricidad y las instalaciones públicas adecuadas”. La mayoría de la comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos israelíes en Cisjordania.
La coalición de Gobierno abre también la puerta, si bien de forma lo suficientemente ambigua, a la anexión de Cisjordania, que quedó congelada con la firma del acuerdo para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos en 2020, el paso más rotundo de los llamados acuerdos de Abraham promovidos por la Administración estadounidense de Donald Trump por los que Israel normaliza relaciones con algunos Estados del mundo árabe. “El primer ministro formulará y promoverá políticas en cuyo marco se aplicará la soberanía a Judea y Samaria”, afirma el texto, que añade que esa aplicación se hará de acuerdo a “los intereses nacionales e internacionales”. “Aplicar la soberanía” en los territorios ocupados significa anexionar de facto partes de Cisjordania.
Antes de la toma de posesión, el Parlamento israelí aprobó el martes una enmienda que permite que el aliado de Netanyahu, Aryeh Dery, líder del partido ultraortodoxo sefardí Shas, sea nombrado ministro a pesar de su condena penal por delitos fiscales. La enmienda allanó también el camino para que el líder del Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, nombrado ministro de Finanzas, pueda asumir también un nuevo cargo como ministro de la Administración Civil (brazo del ejército israelí encargado de los asuntos civiles de la población palestina en los territorios ocupados), dentro del Ministerio de Defensa.
Smotrich —cofundador de la ONG Regavim, que supervisa y emprende acciones legales contra las construcciones realizadas por palestinos en Israel y Cisjordania sin permisos israelíes—, supervisará la construcción israelí y palestina en el área C de Cisjordania, una zona bajo pleno control israelí que alberga a casi 500.000 colonos israelíes y más de 300.000 palestinos.
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La autoridad palestina ha denunciado los planes del Gobierno. “El fortalecimiento de los asentamientos en Cisjordania está en contradicción con todas las resoluciones de las Naciones Unidas, la más destacada de las cuales es la Resolución Nº 2334 emitida por el Consejo de Seguridad”, afirmó el portavoz oficial de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, a la agencia oficial de noticias palestina WAFA. Dicha resolución afirma que los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, son ilegales.
Control policial y políticas anti-LGTBI
La Knesset aprobó el miércoles un proyecto legislativo que otorga más autoridad sobre la policía a Itamar Ben-Gvir, nuevo ministro de Seguridad Nacional. Ben-Gvir fue condenado en 2007 por incitación al racismo y apoyo al grupo terrorista ilegal Kaj. En el acuerdo de coalición entre Poder Judío y Netanyahu se estipula que la Policía de Fronteras (que sirve en las fronteras israelíes, así como también en Cisjordania y Jerusalén Este) será separada de la Policía de Israel y quedará bajo el control directo del nuevo ministro de Seguridad Nacional.
El presidente Isaac Herzog se reunió el miércoles con Ben-Gvir para expresarle su “profunda preocupación” por los planteamientos anti-LGTBI de los parlamentarios religiosos. El presidente instó a Ben-Gvir a “calmar los vientos tormentosos, estar atento y encajar las críticas” que suscita la postura del Gobierno entrante sobre los temas que conciernen a la comunidad LGTBI y a los ciudadanos palestinos de Israel.
El controvertido ministro y otros líderes de Sionismo Religioso han sugerido también que se cambiará el statu quo en la Explanada de las Mezquitas para permitir la oración judía, medida que podría inflamar aún más las tensiones con los palestinos. En una entrevista exclusiva a la cadena de noticias CNN, el rey Abdalá II de Jordania afirmó que existe una “preocupación” en su país por la posibilidad de que Israel intente impulsar cambios en la custodia de los lugares sagrados musulmanes y cristianos en Jerusalén Este, y advirtió: “Si la gente quiere entrar en conflicto con nosotros, estamos bastante preparados”.
Manifestación contra el nuevo Gobierno israelí en las inmediaciones del Parlamento, este jueves.QUIQUE KIERSZENBAUMCríticas al nuevo Gobierno
En su intervención este jueves ante el pleno del Parlamento, Netanyahu ha descrito tres grandes misiones para su coalición: detener el programa nuclear de Irán, desarrollar la infraestructura estatal, con énfasis en conectar la llamada periferia con el centro del país, y restaurar la seguridad interna y la gobernabilidad. Su presentación fue interrumpida por cánticos prolongados de “¡Débil! ¡Débil!” de los banquillos de la oposición.
Los acuerdos de coalición han generado ya críticas sin precedentes en círculos vinculados a la defensa, exdiplomáticos israelíes, jueces retirados y funcionarios, la comunidad empresarial, el sistema educativo, grupos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad israelí.
“Con estos acuerdos, Israel pone fin a la posible solución de los dos Estados, y a la aspiración del pueblo palestino de su autodeterminación. Los acuerdos son un plan para llevar adelante una anexión de facto. Quien aún cree en la solución de los dos Estados tendrá que buscar otro planeta”, afirma la analista política, experta en opinión pública, Dahlia Scheindlin.
En las inmediaciones del Parlamento se manifestaron miles de personas durante los juramentos de los nuevos miembros del Gobierno, con carteles en los que se leían mensajes como “abajo el racismo”, ”peligro”, “la vida de los palestinos importa”, además de cientos de banderas de la comunidad LGBTI.
Entre los manifestantes, Pepe Goldman, de 70 años, un activista de los derechos humanos y antiocupación, sentenció: “Esto rompe un poco la burbuja de mucha gente que viviendo aquí quiso desentenderse de lo que pasa en los territorios ocupados y tarde o temprano las normas antidemocráticas entran también aquí. Lo que estamos viendo es la destrucción de lo último que queda del sistema democrático israelí”.
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