El actor francés Gérard Depardieu ha sido imputado por violación y agresiones sexuales a raíz de la denuncia de una joven actriz en 2018. El caso fue inicialmente archivado, pero la demandante consiguió que se reabriera el pasado verano y los cargos le fueron presentados formalmente en diciembre, aunque se ha conocido ahora.
Fuentes judiciales francesas han confirmado a EL PAÍS la formalización de los cargos, en una comparecencia celebrada el pasado 16 de diciembre en París, y señalaron que, pese a ello, Depardieu “no está sometido a ninguna medida” de control y permanece en libertad. El abogado del artista, Hervé Témime, ha lamentado en declaraciones a la Agencia France Presse (AFP), que ha adelantado este martes el viraje inesperado de este caso, que se haya hecho pública la imputación de su cliente por unos delitos que Depardieu, de 72 años, ha negado desde el principio.
El caso contra el intérprete de Cyrano de Bergerac comenzó cuando una actriz veinteañera, cuya identidad no se ha revelado, presentó a finales de agosto de 2018 en el sur de Francia una denuncia contra Depardieu, al que acusó de haberla violado y agredido sexualmente en dos ocasiones en su domicilio en París, durante la primera quincena de ese mes. Según AFP, aunque en un momento se dijo que la joven había conocido a Depardieu en el marco de unos ensayos para una obra de teatro, una fuente próxima al expediente precisó que el actor era amigo de la familia de la joven y el caso no tuvo nada que ver con la profesión del actor y de la presunta víctima.
Un año más tarde, la fiscalía de París anunció que el caso quedaba archivado. “Las numerosas investigaciones efectuadas en el marco de este procedimiento no han permitido describir las infracciones denunciadas en todos sus elementos constitutivos”, explicó en junio de 2019. Sin embargo, en agosto de 2020, la joven logró que se reabriera la investigación, tras presentar una demanda como parte civil. Aunque no hay garantía de que esta vía, prevista por la legislación francesa, acabe en una acusación formal —como sí ha ocurrido en este caso— que lleve a juicio, lo cierto es que conlleva que un juez de instrucción abra automáticamente una investigación judicial, con lo que se retoma de facto el caso.
El caso de Depardieu forma parte de los efectos en Francia del movimiento feminista Me Too que surgió a finales de 2017 en Estados Unidos, donde acabó con la condena del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Aunque en el país galo el movimiento tardó en arrancar, en los últimos años, numerosas acusaciones contra otras personalidades tanto artísticas como políticas han provocado desde entonces un cambio de actitud ante los abusos sexuales, especialmente contra menores.
Entre los cineastas acusados de violación o agresión sexual en Francia están también los realizadores Luc Besson y Christophe Ruggia, así como, más recientemente, el presidente del Centro Nacional del Cine, Dominique Boutonnat, imputado también este mes por agresión sexual e intento de violación tras una denuncia presentada por su ahijado de 22 años. Desde que a comienzos de año se publicara el libro La familia grande, donde Camille Kouchner, hija del famoso exministro francés Bernard Kouchner, revela los presuntos abusos sexuales a los que fue sometido su hermano gemelo por parte del conocido politólogo francés Olivier Duhamel, se han conocido otras acusaciones de abusos de personalidades galas, como la de Coline Berry-Rojtman, que a finales de enero denunció a su padre, el actor Richard Berry, por presunto incesto cometido a mediados de los años ochenta.
Cursillos de acoso para cineastas
El escándalo de los abusos sexuales ha salpicado a lo más granado del cine francés. En un intento de revocar esta imagen, el Centro Nacional del Cine (CNC), que reúne a los profesionales del gremio y distribuye ayudas financieras, impone desde comienzos de año como condición que toda empresa o productora que aspire a estas ayudas cumpla una serie de “obligaciones de prevención del acoso sexual”. La principal medida es un curso obligatorio de formación sobre la materia que, hasta 2023, deberían seguir hasta 9.000 profesionales del gremio, según el CNC. Además, el organismo exige que en los lugares de trabajo, incluidos los rodajes, haya un “dispositivo de información” sobre el acoso sexual y sus sanciones, además de que las empresas del sector creen células y mecanismos de escucha y denuncia.