El presidente de Haití Jovenel Moïse intentó cortar la hemorragia de seguridad y crisis política que vive el país caribeño con la dimisión este miércoles del primer ministro, Joseph Jouthe. El ministro de Asuntos Exteriores y Cultos, Claude Joseph, será el nuevo hombre fuerte del Gobierno con el objetivo de frenar la ola de secuestros y la delincuencia urbana como primera prioridad, confirmó en Twitter el presidente Moïse: “La renuncia del Gobierno, que acepté, permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a alcanzar los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país”, escribió en la red social.
El dimitido primer ministro era también el encargado de la presidencia de la Policía pero apenas estuvo un año en el cargo. Había sido nombrado en marzo de 2020 pero ni siquiera fue ratificado por el legislativo, como ordena la Constitución, ya que el parlamento está clausurado desde enero de 2020, al no haberse celebrado las elecciones previstas para 2019.
Durante su tiempo en el puesto y a pesar de las promesas de Moïse fue incapaz de frenar la inseguridad, los robos y la violencia de las bandas organizadas que actúan con impunidad principalmente en la capital Puerto Príncipe. Su dimisión tiene lugar en medio de otro grave escándalo nacional e internacional tras el secuestro el pasado fin de semana de 12 monjas y sacerdotes, entre ellos dos franceses.
A este secuestro colectivo, la Iglesia católica respondió indignada con un llamado a huelga para el próximo jueves en sus instituciones, incluidas escuelas y universidades. “Los bandidos que actúan tranquilamente parecen tener más poder que el Estado y la Policía”, lamentaron los líderes religiosos, señalando que “ni los niños se salvan” de los secuestros. “Los poderes públicos que no hacen nada para resolver esta crisis no son inmunes a la sospecha. Denunciamos la complacencia y la complicidad vengan de donde vengan”, dijo la Iglesia en un comunicado.
Al problema de seguridad que aterra a la población y ha disparado el número de secuestros, se suma el escenario de grave crisis política en la que debe afrontarse la lucha contra la delincuencia ya que la oposición no reconoce la legitimidad del presidente Moïse y se niega a participar en la redacción de la nueva Constitución que impulsa el mandatario.
La inestabilidad política viene de lejos. En febrero, Moïse denunció un intento de golpe de Estado en su contra y confirmó su intención de continuar como presidente hasta febrero de 2022, cuando él considera que vence su periodo. El origen de la confusión sobre la duración del mandato de Moïse está en las elecciones de 2017. Un año antes, Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios obligaron a nombrar un presidente provisional durante un año hasta que Moïse asumió el cargo. La oposición contabiliza ese año como parte de la gestión del actual presidente haitiano.
Hasta el momento, el apoyo más importante con el que cuenta Moïse proviene de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos. Después de una gestión cercana a Donald Trump, el mandatario de 52 años, hijo de un comerciante y una costurera de origen humilde, ha logrado el respaldo de la nueva Administración de Joe Biden cuyo equipo defendió que su gestión se prolongara hasta 2022. Sin embargo, también desde el exterior la diáspora haitiana, principalmente en Florida, presiona para forzar su salida del poder.Los tímidos gestos de Moïse hacia la oposición tampoco han encontrado eco y las conversaciones para desbloquear la situación política no avanzan.
Este martes la oficina de la ONU en Haití advirtió que el proceso de consultas sobre el borrador de la nueva Constitución no es “lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente”. Moïse, mientras tanto, sigue adelante con la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales en septiembre a las que asegura no se presentará, confirmó en una entrevista reciente con EL PAÍS. Estados Unidos teme que acelerar su caída agrave la crisis migratoria que pretende evitar a toda costa.
Sin embargo, al margen de la crisis política el problema que hunde en el pánico a la población es el crecimiento y la fuerza que han adquirido las bandas violentas. Los secuestros y robos son habituales en la capital y organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) han tenido que suspender en distintos momentos las consultas en algunos barrios de la capital, por la frecuencia de tiroteos a cualquier hora del día. A falta de informes fiables sobre cifras de secuestros, los expertos consultados por este periódico coinciden en que hay más armas que nunca distribuidas entre la población.
Cuestionado por este asunto, Moïse atribuyó el aumento de la criminalidad a poderosas bandas que se aprovechan de la mano de obra barata para ejecutar sus crímenes. “Cuando usted ve a una persona con los pies descalzos y un arma de miles de dólares en la mano, entiende que trabajan para grupos delictivos”, respondió a EL PAÍS. “Luchamos contra un importante negocio de armas”, justificó.
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