Estamos asistiendo a las primeras bajas de programas de doctorado de aquellos jóvenes investigadores que han tendido dificultades a la hora de reprogramar el desarrollo de su trabajo y, por tanto, la finalización de sus tesis doctorales. Esto, en condiciones ordinarias, es lo que preveía el Decreto de 2011 que regula los estudios mencionados. Sin embargo, la irrupción de la alerta sanitaria de la covid-19 y su duración, que ha llevado a un segundo estado de alarma, desigual en medidas, pero con muchas restricciones que afectan al estudio, sigue afectando y alterando los cursos del avance de las investigaciones y de la finalización de las tesis doctorales. Esto es, estamos en un contexto anómalo y adverso creado por la pandemia.
Los investigadores FPU (Formación de Profesorado Universitario) y FPI (Formación del Personal Investigador), dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero también otros contratos de investigación de las comunidades autónomas, siguen esperando noticias de planes de choque para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, de nada servirán esas prórrogas de contrato si la universidad en la que está matriculada la tesis doctoral no es sensible a las dificultades de los doctorandos. Muchos otros estudiantes no contratados compatibilizan su investigación con empleos, a tiempo total o parcial, que también han visto sus desempeños alterados, en una situación generalizada de precariedad. No obstante, algunas universidades han respondido con flexibilidad, dando prórrogas generosas, y otras, en cambio, solo han sumado los 79 días del primer estado de alarma a los plazos correspondientes. Actúan como si la complejidad de la investigación fuera posible reducirla a un mero trámite burocrático. Han optado por dejar en la estacada a personas con unas trayectorias académicas sobresalientes en las que tanto ellas como los grupos de investigación y diversas instituciones académicas han puesto muchos esfuerzos y recursos.
Lo anterior, el que no haya habido una política de control de daños para mitigar los efectos de la pandemia en el doctorado, ha generado un claro agravio comparativo. En un mismo programa de doctorado interuniversitario se da el caso de alumnado doctoral que consigue la ansiada prórroga en una universidad, y otro, matriculado en otra distinta, no la obtiene.
Han optado por dejar en la estacada a personas con unas trayectorias académicas sobresalientes
Solicitamos, pues, que se haga una recomendación general, desde sus ministerios, de concesión de prórrogas en todos los programas de doctorado de todas las universidades españolas y se anulen las bajas del alumnado predoctoral afectado, injustamente, hasta este momento.
La conferencia de rectores (CRUE), al parecer, no ha previsto una coordinación a este respecto, e igualmente las escuelas de doctorado no han armonizado sus políticas, con lo que la insensibilidad, o falta de reflexión, de muchas universidades está dañando gravemente a doctorandos concretos, pero, también, a los grupos de investigación y, rizando el rizo, a los propios resultados de investigación de unas instituciones universitarias que, ante el shock pandémico, resultan miopes, o ciegas, por falta de escucha de las demandas de los estudiantes doctorales y de una posterior deliberación al servicio del bien común.
La medida de la prórroga predoctoral no perjudica a nadie, y beneficia a todos los agentes implicados en la investigación. Es beneficiosa para las mismas universidades rigoristas que la niegan a sus doctorandos y doctorandas. Se están dando de baja expedientes con artículos de calidad y con estancias en centros de investigación extranjeros para la mención internacional que han sido sufragados con fondos por esas mismas universidades.
Solicitamos a ambos ministerios, que se comprometieron a coordinarse, iniciativas urgentes para parar esta sangría que afecta al sector más vulnerable y precario de la ciencia y la investigación en nuestro país: los estudiantes del doctorado. Mitigar y controlar los daños causados por la alerta sanitaria en la ciencia española es un imperativo.
María José Guerra Palmero es catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna y Vicente Navarro Marchante profesor de Derecho Constitucional de la misma institución.
Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook
Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS