La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), controlada totalmente por el chavismo, aprobó la tarde del jueves la denominada Ley Antibloqueo, un instrumento jurídico concebido para promover el ingreso de capitales evadiendo las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. La norma, que busca dotar al presidente y al Ejecutivo de aún más poderes sobre el entramado constitucional y legal del país, es probablemente una de las concesiones más importante de la revolución bolivariana al capital privado en sus 20 años de hegemonía.
En un momento en el cual las arcas de la nación se han evaporado, la industria nacional está quebrada y la nación está asfixiada por las deudas, la ley sugiere un giro en los postulados económicos tradicionales del chavismo, buscando atraer capitales que le permitan tomar oxígeno para revertir una catastrófica contracción económica que lleva seis años. En algunos de sus artículos –que no fueron debatidos detalladamente en la sesión de la ANC—se contempla, por ejemplo, que “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños [de las sanciones], el Ejecutivo procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya ejecución resulta imposible o contraproducente”.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, la Ley Antibloqueo ha sido cuestionada no solo por la oposición, por considerar que es una disposición que barre con el ordenamiento jurídico venezolano apoyándose en instituciones espurias, sino también por figuras del chavismo y aliados de Maduro, que la han criticado porque contraviene “el legado de Hugo Chávez”. Allan Brewer Carías, uno de los juristas con más recorrido en el país, llegó a afirmar que la ley “es una monstruosidad”.
Entre los críticos está Elías Jaua, ex vicepresidente y miembro de la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El Partido Comunista de Venezuela emitió un comunicado en el que asegura que la ley “profundizará las vulnerabilidades económicas nacionales frente a sus agresores externos, al mismo tiempo que traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de los trabajadores”.
Con la puesta en vigor de esta ley se impuso una facción de dirigentes que considera necesario fomentar un acercamiento al capital y romper con la ortodoxia que ha caracterizado al chavismo desde su llegada al poder, hace 20 años, para “salvar a la revolución”. Uno de los dirigentes más conocidos de esta línea es Tarek El Aissami, ministro de Energía y Petróleo y vicepresidente del Área Económica, bajo cuyo liderazgo se han agrupado capitales de origen árabe junto a empresarios venezolanos.
“Es un instrumento que le dará mucha discrecionalidad, opacidad, al ejecutivo para operar”, afirma Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. “No creo que haya que exagerar expectativas en torno a un cambio de estrategia económica. El Estado va a permitir el aumento de la influencia privada en la economía hasta el punto que lo vea conveniente, con el instrumental normativo e intervencionista del chavismo en pie. Una parte importante de los ingresos que tiene el país ya tiene origen negro. La ley debe buscar fomentar concesiones en el área de minas e hidrocarburos, ahí pueden venir cambios; y en hotelería y turismo. Es probable que busque el desembarco del sector privado en las cadenas de comercialización y suministro de gasolina”. Oliveros considera probables algunas zonas parciales de reactivación en un marco general igualmente deprimido tanto en lo económico como en lo social.
El economista Orlando Ochoa considera probable que la ley pueda atraer capitales árabes, turcos, iraníes o rusos que triangulan sus propiedades en otros países. Y ofrecer oportunidades a algunos propietarios venezolanos cercanos al chavismo. Las medidas adoptadas abren incluso la puerta a la posibilidad de devolver a algunos propietarios sus activos expropiados durante la ola de nacionalizaciones del Gobierno chavista, la mayoría de los cuales presentan graves deterioros. Ochoa comenta que existe un riesgo importante de que capitales desconocidos encuentren en Venezuela donde blanquearse, y advierte de los graves riesgos de opacidad que se plantean.
“Aquí hay un interés particular en disminuir el poder que pueda tener la futura Asamblea Nacional en la crisis venezolana”, afirma el economista y asesor financiero Francisco Rodríguez, “y también una intención de imponer la narrativa de la existencia de un bloqueo como único responsable de esta crisis”, “Los populismos tienen esa característica: quiebran las economías, se quedan sin dinero, y entonces tienen que salir a conseguir más. No tengo dudas de que, si Maduro no tuviera las sanciones económicas actuales, hubiese ido al Fondo Monetario Internacional asumiendo un programa de ajustes”, agregó.
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