La policía del Estado de Míchigan ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte, de un disparo en la cabeza, de un joven negro de 26 años a manos de un policía blanco. Los hechos sucedieron el 4 de abril en la ciudad de Gran Rapids, de unos 200.000 habitantes, el 18% de ellos negros. El temor a una repetición de las protestas antirracistas contra la brutalidad policial como las que jalonaron EE UU en 2020, tras la muerte de afroamericano George Floyd en Minneapolis, sobrevoló una reunión del consejo municipal celebrada el martes, en la que decenas de activistas denunciaron lo que consideran inacción de las autoridades ante un abuso policial sistemático.
La víctima, Patrick Lyoya, que había llegado a EE UU en 2014 desde la República Democrática del Congo, conducía un automóvil por una zona residencial de la ciudad cuando recibió la orden de detenerse del uniformado, al parecer por sospechas de una matrícula falsa. Tras salir del coche e iniciar una discusión, ambos forcejearon en el suelo por el control de la pistola Taser reglamentaria del policía, que disparó al africano en la cabeza a muy corta distancia mientras le colocaba la rodilla sobre la espalda. Tres vídeos publicados este miércoles por las autoridades municipales muestran la secuencia de los hechos con crudeza. El oficial, cuya identidad no ha sido revelada, ha sido suspendido de sus funciones y se encuentra de baja remunerada, a la espera de que el resultado de la investigación determine su imputación.
“Otro hombre negro ha muerto a manos de la policía, y el oficial responsable debe rendir cuentas”, dijo la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en sus siglas inglesas) en un comunicado. La NAACP es el grupo de referencia del colectivo afroamericano en EE UU, donde se fundó en 1909. “Ver el vídeo causa dolor. ¿Qué hace que esto suceda? ¿Qué más podríamos hacer para prevenir estas situaciones?”, declaró un responsable municipal durante la presentación de los vídeos. “Considero la muerte de este hombre una tragedia”, dijo por su parte Eric Winstrom, jefe de la policía de Grand Rapids.
Pero las comunidades afroamericana y africana son compartimentos estancos en la vida cotidiana, y el mismo hecho de que Lyoya fuera congolés puede contribuir a desactivar las protestas, o al menos a no atizarlas en exceso como sucedió en Minneapolis hace casi dos años tras la muerte de Floyd, afroamericano. De hecho, minutos después de conocerse los vídeos, solo decenas de personas se concentraron en el centro de la ciudad, un número sensiblemente inferior al cosechado por las marchas multitudinarias del caso Floyd.
No obstante, lo que vuelve a quedar de relieve son los excesos policiales, en una coyuntura de repunte de la violencia en el país en la que el presidente Joe Biden ha apostado por dotar de más recursos a la policía, en abierta oposición al movimiento Defund the Police (desfinanciar a la policía), surgido en el ala izquierda de su partido tras el suceso de Minneapolis.
La controvertida reforma policial, uno de los proyectos estrella de la Administración demócrata, está en el aire, pese al impulso reivindicativo que le dio el caso Floyd. “Presidente Biden, firme la orden ejecutiva de reforma policial ya. Entendemos que una orden ejecutiva no es un sustituto de legislación, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestra comunidad”, reza el comunicado de la NAACP. “Los vídeos muestran claramente un uso fatal, excesivo e innecesario de la fuerza contra un negro desarmado que se sintió confundido por la situación y que temía por su vida”, ha dicho el abogado de la familia de Lyoya, arraigada en Gran Rapids.
En lo que va de año, más de 250 personas han muerto por disparos de policías en acto de servicio en todo el país, según una base de datos del diario The Washington Post. Entre 2020 y 2021, los años más duros de la pandemia — cuando repuntó la violencia armada, sobre todo en las grandes ciudades —, alrededor de un millar de estadounidenses perdió la vida a manos de la policía. Otra investigación del diario The New York Times reveló el pasado otoño que la policía estadounidense ha matado en los últimos cinco años a más de 400 automovilistas y motoristas desarmados, tras ordenarles detener su marcha.
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