La primera ministra de Túnez forma Gobierno tras dos meses sin actividad parlamentaria

El presidente de Túnez, Kais Said, habla en su despacho con Najla Buden tras designarla como primera ministra, el miércoles 29 de septiembre.
El presidente de Túnez, Kais Said, habla en su despacho con Najla Buden tras designarla como primera ministra, el miércoles 29 de septiembre.Tunisian Presidency HANDOUT (EFE)

La primera ministra de Túnez, Najla Buden, de 63 años, ha nombrado este miércoles a su Gabinete. Se trata del Gobierno con los poderes más reducidos desde 2011, cuando nació la primavera árabe en el país, debido a que las competencias del Ejecutivo fueron asumidas de manera provisional desde el 25 de julio por el presidente del país, Kais Said, el hombre que designó a Buden hace 11 días. Desde entonces, Said no ha hecho más que expandir su influencia. Y ahora, la jefa del Gobierno ha ratificado en sus puestos a varios ministros que ya había nombrado Said de forma interina. Este es el caso, entre otros, del responsable de Finanzas, Sihem Boughdiri, y el de Exteriores, Othman Jerandi, o el de Sanidad, Ali Mrabet.

El nuevo Ejecutivo, con 24 carteras repartidas entre 16 hombres y ocho mujeres, ha sido anunciado bajo fuertes presiones internas y de la comunidad internacional que reclamaban a Said una hoja de ruta. Hay solo una secretaría de Estado, la de Exteriores, también en manos de una mujer, Aida Hamdi. Todos ellos prestaron juramento este lunes frente a Kais Said. El domingo, un día antes de la formación del Gabinete, se celebró en la capital del país la mayor manifestación convocada hasta el momento contra su presidente, en la unas 5.000 personas desfilaron por las calles a pesar de la lluvia.

No obstante, Said sigue teniendo una gran aceptación en buena parte de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, decepcionada con una clase política corrupta que no ha sabido acometer grandes reformas. Buena parte de los mensajes del mandatario tienen por objetivo a los políticos corruptos. La primera ministra ha seguido los pasos del presidente y ha declarado este lunes en un discurso televisado que su objetivo más importante será la lucha contra la corrupción, “un fenómeno que crece día a día”. También añadió que pretende restaurar “la confianza y la esperanza”, así como garantizar la “seguridad económica y sanitaria”.

Buena parte de la oposición aplaudió el nombramiento de Najla Buden el pasado 29 de septiembre, como la primera mujer que ejerce la jefatura del Gobierno en el mundo árabe. Pero al mismo tiempo, tacharon de golpista a su mentor, Kais Said, quien ha legislado y gobernado durante dos meses mediante decretos leyes.

El país ha visto tambalearse su débil andamiaje democrático desde que el presidente Said, también de 63 años, promulgó el 23 de septiembre una ley de 23 artículos en la que desgranaba una treintena de apartados susceptibles de ser aplicados mediante decreto presidencia. Ahí se recogen cuestiones como la “organización de la justicia y de la magistratura”, “la organización de la información, de la prensa y de la edición”, “la organización de partidos políticos, sindicatos y asociaciones” o “la organización del Ejército, de las fuerzas de seguridad interior y de la aduana”.

El presidente echó mano del lenguaje épico durante la ceremonia del juramento y dijo que este Gobierno se enfrenta a una “batalla de liberación nacional”. Said llegó a la presidencia en 2019 sin contar con ninguna formación política que le respaldara. Es profesor de derecho constitucional, se opone a las relaciones entre personas del mismo sexo y al reparto igualitario de la herencia entre hombres y mujeres. Ganó las elecciones con el 70% de los votos con un mensaje que iba dirigido sobre todo a los jóvenes, los grandes olvidados de la primavera árabe.

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El Ejecutivo tunecino debe afrontar ahora una situación económica acuciante. El PIB de Túnez cayó un 8,6% en 2020, según el Banco Mundial. Fue el descenso más grande en África del Norte, con la excepción de Libia. En la última década la deuda pública en relación al PIB ha pasado del 40,7% al 87,6%. Y además de esa situación, se encuentra la del exceso de funcionarios, que representan casi un 25% del total de la población empleada, cifra muy superior a la media de la OCDE (18%).

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