La respuesta a la crisis económica y la implementación del Ingreso Básico Universal | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“El ingreso básico no es nada más una medida ingeniosa que pueda ayudar a paliar problemas urgentes:
es un pilar fundamental de una sociedad libre”: Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght*

México es uno los países que menos recursos ha destinado a las medidas emergentes de protección para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad ante los efectos de la crisis económica. Implementar un ingreso mínimo vital para enfrentar la crisis y avanzar en forma progresiva hacia el Ingreso Básico Universal es una alternativa viable que el gobierno no debiera descartar.

Conforme a las recomendaciones de la CEPAL y del PNUD, la mayoría de los países de América Latina han acudido a los programas de transferencias monetarias directas no condicionadas para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad ante la crisis: al menos cuatro han creado nuevos programas de este tipo; cuatro han aumento su cobertura; once han aumentado el monto de las transferencias; cuatro, entre ellos México, han anticipado la entrega de los recursos para personas mayores y con discapacidad; y catorce los han implementado para apoyar a los trabajadores informales.

El Gobierno de México no ha incrementado ni los montos ni la cobertura de sus programas de transferencias monetarias y ha decidido no destinar recursos adicionales para crear nuevos programas de este tipo para apoyar a las personas en condición de pobreza y de pobreza extrema y a los trabajadores de los sectores formal e informal que perdieron sus empleos. Los “apoyos” anunciados consisten solo en el otorgamiento de créditos para estimular y reactivar la economía.

Con un monto de poco más de 53 mil millones de pesos se busca otorgar dos millones de “créditos a la palabra”, de 25 mil pesos cada uno, y poco más de medio millón de microcréditos a través del programa ya existente de “Tandas para el Bienestar”. Los otros “apoyos” corresponden a la asignación de cerca de un millón y medio de créditos personales, de nómina y para vivienda como parte de los programas permanentes del ISSSTE, el FOVISSSTE, el Fonacot y el Infonavit.

La respuesta del gobierno para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis ha sido insuficiente y tardía. Los recursos para los créditos creados ex profeso para enfrentar la crisis (los 53 mil millones de pesos, que representan alrededor del 0.2% del PIB) son solo el 17% del total a asignar y están destinados exclusivamente a empresas familiares de personas previamente inscritas en el Censo del Bienestar; microempresas, trabajadoras y trabajadores del hogar e independientes y personas con un micronegocio que habiten en la zona de cobertura de las “Tandas para el Bienestar”, el 83% restante de los recursos disponibles es solo para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE; si bien estos recursos no podían tener mejor destino, son insuficientes e inaccesibles para la mayoría de quienes perdieron su empleo. Hasta el 22 de mayo solo se habían aplicado 740 mil créditos por un monto de 44 mil millones de pesos, el 14.33% del total de los 307 mil millones asignables.

Por el lado de la política fiscal, esta semana el secretario de Hacienda explicó cuáles serán las medidas para la recuperación económica: acelerar el gasto gubernamental, garantizar el acceso al crédito a los negocios, reactivar el sector de la construcción y utilizar el T-MEC como palanca del desarrollo. Ni los créditos ni estas medidas constituyen un apoyo directo para la mayoría de las personas que han perdido sus trabajos -12.5 millones durante abril, según el INEGI- ni para los hogares más pobres.

Si el presidente López Obrador asumiera que las medidas que no se tomen oportunamente serán poco eficaces para salvar empleos, atemperar el incremento de los niveles de pobreza -el Coneval estima “un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos (de) entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020”- e impulsar el consumo interno, debería estar dispuesto a aceptar el llamado de más de cien legisladoras y legisladores de las oposiciones y de Morena, o la iniciativa de Movimiento Ciudadano en el Senado, para que se otorgue en forma temporal y no condicionada un “Ingreso Único Vital” o “Ingreso Mínimo Vital” para los trabajadores informales y las personas que hayan perdido su empleo, con lo que se podría apoyar con transferencias monetarias directas no condicionadas y no reembolsables -no solo con créditos- a alrededor de 20 millones de personas, durante al menos tres meses.

Con esto el Gobierno Federal podría alcanzar al menos dos objetivos en beneficio de la mayoría de la población: hacer frente eficazmente a la crisis y avanzar en el establecimiento del Ingreso Básico Universal.

Por esta vía, el Presidente podría acudir a la Cámara de Diputados, con el apoyo de las oposiciones, para modificar el presupuesto dejando para después la preocupación por el equilibrio presupuestal y el déficit público, pues como ha dicho el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “para una economía que afronta un descenso económico, las ventajas de, digamos, incrementar los gastos superan con creces los inconvenientes”.

Esto permitiría al gobierno contar con recursos -por hasta 5 puntos del PIB- para crear nuevos programas de transferencias monetarias, el mínimo vital, entre otros, e incrementar la cobertura y, al menos de manera extraordinaria, los montos de los existentes, para apoyar a las personas y a los hogares más pobres, a quienes han perdido sus empleos y a las familias que han visto disminuidos sus ingresos por debajo de las líneas de pobreza.

Además, sería una oportunidad, que tal vez no se repita durante este gobierno, para atender la recomendación del PNUD y “sentar las bases para la definición de un ingreso básico para todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad” ** y , como lo ha propuesto la CEPAL, para “avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país”, *** conforme a los criterios de progresividad establecidos en los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El impulso nacional e internacional al mínimo vital -España adelantó su aprobación y lo otorgará a partir de este mes a más de 800 mil hogares y beneficiará a más de un millón y medio de personas-, el amplio consenso para aprobar la reforma al artículo 4o. constitucional con la que se reconocieron derechos sociales que garantizan transferencias monetarias a más de 20 millones de personas por un monto cercano a los 300 mil millones de pesos (alrededor del 1% del PIB) y el consenso sobre la necesidad de aprobar el mínimo vital para hacer frente a la crisis económica en México, han creado las condiciones para avanzar en las reformas constitucionales y legales para establecer el derecho al ingreso básico universal como uno de los principales mecanismos de justicia distributiva del Estado de Bienestar. El Presidente no debiera desaprovechar la oportunidad para impulsarlo.

*Son dos de los principales estudiosos y promotores a nivel mundial del ingreso básico

** Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Desafíos de Desarrollo ante la Covid-19 en México. Panorama Socioeconómico”, PNUD, 2020

*** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe Especial COVID-19: “El desafío social en tiempos del COVID-19”, Naciones Unidas, 2020

Rogelio Muñiz Toledo

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Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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