Prisiones concede el régimen abierto a tres de los condenados del caso Alsasua



La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias aprobó este martes la propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Zaballa (Álava) de clasificar en tercer grado penitenciario o semilibertad a dos de los condenados por los llamados sucesos de Alsasua, en los que fueron agredidos en octubre de 2016 dos guardias civiles y sus novias en el bar Koxka de esta localidad navarra. Se trata de Aratz Urrizola Ortigosa e Iñaki Abad Olea, condenados, respectivamente, a cuatro años y dos meses y tres años y media de reclusión, las penas más bajas que el Tribunal Supremo impuso a los siete que ingresaron en prisión. La octava condenada, Ainara Urkijo, se libró de ingresar en prisión al recibir una pena inferior a los dos años.

Prisiones ha aplicado a Urrizola y Abad el artículo 83 del Reglamento Penitenciario que contempla las salidas diarias de la cárcel para trabajar o realizar actividades de formación “para potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan” los penados y “evitar la desestructuración familiar y social”. La medida será efectiva una vez la junta de tratamiento concrete el plan de ejecución de la medida. Entonces, los dos reclusos solo tendrán que acudir a dormir a prisión de lunes a jueves. No obstante, la medida puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y, posteriormente, ante la Audiencia Nacional, tribunal que les condenó en primera instancia.
Urrizola fue condenado en junio de 2018 por la Audiencia Nacional a penas que sumaban nueve años de cárcel, después de que los magistrados descartasen la tesis de la Fiscalía que vinculó el suceso con el terrorismo. El pasado octubre, el Supremo rebajó las penas y le condenó por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y 6 meses) y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses).
También el alto tribunal rebajó la pena a Abad. De los seis años de reclusión que le impuso la Audiencia Nacional pasó a ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal —situación que se produce cuando un solo hecho realizado por un mismo sujeto constituye dos o más delitos— con un delito de lesiones (2 años y medio) y desórdenes públicos (1 año). Ambos habían pasado cerca de dos años en prisión preventiva, y en mayo y marzo habían cumplido, respectivamente, un cuarto de la condena. Está previsto que Urrizola extinga la condena en junio de 2022, mientras que su compañero lo hará unos meses antes, en octubre de 2021.


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