Más información
En la política española hay un abismo entre lo que se anuncia y lo que se cumple. No es solo una cuestión de promesas incumplidas, de políticos frívolos que prometen algo inasumible o que luego olvidan (este Gobierno, por ejemplo, prometió derogar la reforma laboral, la prisión permanente revisable o la ley mordaza y ahí siguen). Es un problema de incumplimientos de lo legislado. O de los efectos limitados de políticas grandilocuentes. O de la excesiva ambigüedad de normas que solo prometen hacer algo sin especificar nada más. Los juristas han criticado una tendencia del Legislativo a usar las leyes de manera performativa o propagandística: el efecto jurídico es casi nulo y solo hay un interés político. Hace meses, por ejemplo, el Gobierno incluyó en el preámbulo de una ley una frase en la que acusaba al PP de haber llevado a cabo “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades”, una afirmación legítima en cualquier foro de debate pero completamente inoportuna en el BOE.
En España hacen falta muchas reformas, pero hay otras muchas cuestiones en las que solo hace falta cumplir con lo legislado: desde las leyes laborales hasta las de transparencia, existe un problema de cumplimiento y seguimiento. Como ha recordado en Twitter el economista de ESADE Carlos Victoria, elaborar nuevas leyes está muy bien, “pero si no se cumplen, no se desarrollan, se ignoran los plazos, no se tramita lo que mandata, no hay personal o no hay presupuesto, lo que tienes son 75 páginas del BOE llenas de esperanzas e ilusiones.” Algo así hemos visto estos días en el mar Menor. Se aprobó el año pasado una Ley del Mar Menor que restringía, entre otras cosas, el uso de fertilizantes para la agricultura en la zona. Un año después, la laguna está peor que nunca.
El incumplimiento, el engorde legislativo con cháchara y voluntarismo y la proposición de nuevas leyes solo como propaganda (la insistencia incomprensible de Pablo Casado con su Ley de Pandemias, cuando un 70% de la población está vacunada, es esperpéntica y ridícula) no tienen un coste alto. En Cataluña, el TSJC exigió a la Generalitat que garantice que se imparten al menos un 25% de clases en castellano en los centros educativos. La Generalitat avisa que no cumplirá y no pasa nada. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha incumplido varias veces con las leyes de transparencia que defendía en la oposición.
Durante la pandemia, muchos ciudadanos han vigilado con celo el cumplimiento de las leyes. A veces nos hemos convertido en policías cotidianos y exigido más represión. Y algunos políticos nos han ofrecido eso: el último ejemplo es la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas exigiendo la semana pasada toques de queda para controlar los botellones. Mientras nos observábamos unos a otros para comprobar que cumplíamos, los legisladores han desarrollado normas arbitrarias, ambiguas e inaplicables, han hecho chapuzas jurídicas y han instrumentalizado políticamente el Código Penal y el BOE.
Source link