Colectivos de víctimas, ONG’s y ciudadanos señalaron que someter la justicia a un mandato popular, además de inconstitucional, puede producir resultados imprevisibles.
Más de 100 colectivos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos avalaron la consulta popular que el presidente Andrés López Obrador propone para enjuiciar a exmandatarios, pero “con la pregunta correcta”.
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A través de un posicionamiento, señalaron que la pregunta planteada no podría ser calificada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues dijeron, una consulta en estos términos viola el marco constitucional y la obligación internacional del Estado mexicano de proteger a su población de violaciones graves a derechos humanos y del Estado de derecho, en el que existe la obligación de investigar, perseguir y castigar las delitos y violaciones a derechos humanos.
“Someter la justicia a un mandato popular, además de inconstitucional, puede producir resultados imprevisibles: un NO iría contra el derecho de las miles de víctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Un SÍ vulneraría el debido proceso y alejaría de la justicia a los perpetradores”, apuntaron.
Los firmantes indicaron estar convencidos de la importancia de juzgar a los responsables de las atrocidades –incluidos funcionarios del pasado– y también afirman estar a favor de la participación ciudadana.
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Por ello, consideraron que una pregunta que no vulneraría las obligaciones constitucionales del Estado mexicano ni el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, “y ayudaría a recuperar la agenda de construcción de paz que se prometió en campaña y durante la transición sería”:
Recordaron que el 8 de mayo de 2018, en el Museo Memoria y Tolerancia, López Obrador prometió la Comisión de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad para el país. “El 14 de septiembre del mismo año, ante cientos de víctimas que manifestaron que esa era su voluntad, ratificó ese compromiso. Y en enero de este año, la demanda por mecanismos extraordinarios fue de nuevo presentada en Palacio Nacional por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aunque en esa ocasión el presidente volvió a darles la espalda a las víctimas”.
Finalmente, urgieron al Congreso de la Unión y al mandatario a que tomen en cuenta su propuesta “para comenzar un camino hacia la justicia y la paz y nunca más negar la justicia a las cientos de miles de víctimas de nuestro país”.
Entre los firmante de este posicionamiento se encuentran CDDH Fray Juan de Larios, Colectivo Sí a la Vida, Colectivo Solecito Veracruz, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido Contra la Delincuencia, A.C., Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Denise Dresser, Martha Tagle y Sergio Aguayo.
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