“Esta es una oportunidad de apostar por un cambio crítico y necesario”, sostiene.
Una nueva oportunidad para el medio ambiente
Por Leticia Merino*
Es ya casi un lugar común afirmar que México enfrenta una severa crisis ambiental. La sobreexplotación de las cuencas hidrológicas, la falta de acceso al agua de más de 8 millones de mexicanos, la severa contaminación de los ríos y aguas subterráneas, la destrucción de los sistemas alimentarios tradicionales, la contaminación de las costas y agotamiento de las pesquerías; el 15% del territorio nacional sujeto a concesiones mineras, la fortísima dependencia de los combustibles fósiles, la exposición creciente de la población, los bosques y zonas de cultivo a eventos climáticos extremos son algunas de las expresiones más graves de esta crisis con las que hoy convivimos de forma cotidiana.
Frente al deterioro de los ecosistemas y recursos naturales que constituyen la base de la actividad productiva y de la vida misma, las manifestaciones de preocupación, acción y resistencia de la ciudadanía han ido en aumento. El tema ambiental no es hoy un asunto exclusivo de especialistas, ni se reduce a la protección de especies emblemáticas, es asunto que nos atañe seriamente a todos y que hoy moviliza tanto a los habitantes de las ciudades, como a los pobladores de las comunidades rurales, a los adultos, jóvenes e incluso a los niños, cuya calidad de vida y futuro, están amenazados.
Aunque la crisis ambiental tiene hoy una dimensión planetaria, la crisis en México no sólo es más grave que en otras regiones y países, sino que la normatividad es mucho más laxa y permisiva con el mal uso de los ecosistemas y recursos, generalmente en favor de los intereses de las corporaciones agroindustriales, automotrices, mineras, inmobiliarias y turísticas, incluso que en otros países de América Latina. Graves expresiones de ese retraso son la obsolescencia de las normas de vehículos que redundan en problemas de salud pública como los acaecidos en la última contingencia ambiental en el Valle de México; o la Norma Oficial 001 de Semarnat, que regula los desechos industriales en los cuerpos de agua, que data de 1996 y que se refiere a sólo 8 de los 80 tipos de residuos vertidos, casos que nos hablan de una “captura regulatoria” favorable a las empresas a costa de la salud pública y de los ecosistemas.
A lo largo de los pasados 20 años la política ambiental no ha sido capaz o ha tenido escaso interés en detener el acelerado deterioro ambiental de México. Desde el año 2000, esta política, ha tenido un carácter cosmético, limitándose en gran medida a medidas legitimadoras como el decreto de áreas naturales protegidas (carentes de presupuesto y en muchas de las cuales se practica la minería) o la reforestación masiva con pobres resultados. En estos años la actuación de las instituciones ambientales ha convalidado repetidamente los abusos de los recursos naturales que hoy se extienden por todo el territorio nacional, autorizando proyectos de construcción de infraestructura, eólicos, turísticos, de altos impactos ambientales, negando u obviando los impactos ambientales de estas actividades, incluso en casos tan graves como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora a consecuencia del derrame de la presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, o la siembra de soya transgénica y el uso masivo de agrotóxicos en la península de Yucatán, ocasionando mortandad masiva de apiarios y la ruina de miles de apicultores mayas.
En este contexto es claro que la atención de los temas ambientales, o socio-ambientales, requiere un giro profundo, una política de desarrollo económico y social, que considere el cuidado y la calidad ambientales como dimensiones fundamentales. Una política ambiental en manos de funcionarios capaces, con una comprensión integral de los problemas socio-ambientales en su complejidad y urgencia; comprometidos con los ciudadanos más vulnerables de México, los más afectados por los desastres ambientales, y con las generaciones de los futuros ciudadanos cuyo derecho a un medio ambiente de calidad, es hoy asumido por la Constitución como un derecho humano ineludible.
La sustitución de la titular de SEMARNAT hace patente que el desempeño de este cargo –como otros cargos centrales de política pública- no puede ser objeto de improvisaciones o del cumplimiento de compromisos políticos. Esta es una oportunidad de apostar por un cambio crítico y necesario.
*Leticia Merino es coordinadora del Observatorio Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.