Llamaron al gobierno mexicano a dar con los responsables para que no haya “zonas de silencio” donde ningún defensor de derechos humanos se atreva a trabajar.
La delegación de la Unión Europea y los embajadores de Noruega y Suiza en México condenaron este lunes el asesinato del activista e integrante del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, Arnulfo Cerón Soriano.
Los restos de Cerón Soriano fueron hallados el 20 de noviembre pasado dentro de una fosa clandestina en Tlapa, Guerrero.
En un comunicado de la Unión Europea, se exhorta a las autoridades mexicanas competentes a desplegar todos los esfuerzos posibles y realizar una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya “zonas de silencio” donde ningún defensor de derechos humanos se atreva a trabajar. Asimismo, instaron a las autoridades a que el asesinato de Cerón Soriano no quede impune.
Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato del defensor Arnulfo Cerón Sorianohttps://t.co/odMlJfe3N1
— Unión Europea México (@UEenMexico) November 25, 2019
Asimismo, expresaron su apreciación por las iniciativas del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en las últimas semanas desde la desaparición de Cerón Soriano para que se refuercen las medidas de seguridad, tanto para su familia como para los integrantes del Frente Popular de la Montaña.
“Expresamos nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. La muerte del Sr. Cerón Soriano demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos defensores de derechos humanos en México”.
Las instancias internacionales mencionadas expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de defensores de derechos humanos en nuestro país. Pidieron al gobierno mexicano hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de los activistas en México.